Viernes 13 de enero de 2012

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                                               Francisco José Paoli Bolio

 

                                               Instituto de Investigaciones Jurídicas

 

                                   Universidad Nacional Autónoma de México

 

 

 

            1.- Las divisiones sociales como fundamento de los partidos.

 

            Propongo una primera aproximación para analizar la relación entre cualquier sociedad y sus partidos políticos: tener en cuenta que esas instituciones se forman a partir de las notorias divisiones sociales. Los partidos van a tratar de representar los intereses de los distintos grupos o sectores sociales, para lo cual los ordenan y presentan en sus programas en los que se pretende plantear sus reivindicaciones en forma sistemática. Esta es una función básica de un partido político: agregar la demanda social y presentarla por una parte a los ciudadanos cuyos votos busca obtener, y por otra al Estado o poder institucionalizado, a través del cual se pueden lograr esas reivindicaciones. Así los partidos juegan un papel central como intermediarios entre la sociedad y los poderes del Estado.

 

En cada sociedad se dan divisiones que pueden ser exclusivas de ella o bien que se comparten con otras. En cada una las divisiones son diferentes y de distinta intensidad. Las causas de las divisiones pueden ser raciales, económicas, religiosas, de clases sociales o de distintos grupos de presión que se forman para lograr que sus intereses sean apoyados.

 

Las divisiones, revelan una mayor o menor pluralidad social. Ejemplos de esas divisiones son las que se dan entre la el ámbito rural y el urbano, entre el Estado y las Iglesias o el clero que las representa, o la que existe entre los propietarios de los medios de producción frente a los trabajadores. En un primer momento se forman partidos diferenciados por el tipo de miembros que los integran.  Los hay integrados por campesinos, inspiración religiosa o de trabajadores, unidos por sus reivindicaciones laborales. La expresión política de estas divisiones que se dan en las sociedades, surge orgánicamente y se concreta en la formación de partidos.[1] La relación entre éstos como representantes de los distintos sectores o grupos contrapuestos de la sociedad, se va perfilando poco a poco en la competencia por puestos de poder, a partir del reconocimiento de distintos derechos políticos para los ciudadanos: el derecho al voto, el derecho y libertad de reunión para tratar asuntos políticos y el derecho de asociación para luchar legalmente por posiciones de poder.

 

             2. Las divisiones y los primeros partidos en México

 

            En México podemos encontrar distintas divisiones de la sociedad que están en la base de la formación de partidos políticos, en diversos momentos de nuestra historia política. El pionero es el Partido Liberal Mexicano (PLM) que se funda en San Luis Potosí desde el año de 1900[2], que formuló un famoso programa cuyas reivindicaciones principales se recogieron en la Constitución de 1917. El PLM fue comandado por Ricardo Flores Magón a partir de 1904 y bajo su liderazgo se promueven acciones reivindicativas y sindicales directas y también acciones armadas.

 

Desde que concluye el Porfiriato[3], pero especialmente al terminar la etapa armada de la Revolución iniciada en 1910, empezaron a formarse partidos que respondían a las divisiones de la sociedad mexicana: está el Partido Nacional Agrarista (1916), que recoge las reivindicaciones campesinas, particularmente las del Plan de Ayala impulsado por los zapatistas; este partido fue orientado y dirigido por don Antonio Díaz Soto y Gama, principal ideólogo del zapatismo; el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, 1916), que fue el principal partido de la época que surge con el apoyo de varios generales carrancistas, Álvaro Obregón, Benjamín Hill y Pablo Gonzalez, para ser el brazo político del movimiento constitucionalista y respaldar la elección del Varón de Cuatro Ciénegas en 1917; el Partido Nacional Cooperatista (PNC, 1917), que tiene una membresía fundamental de artesanos, pequeños propietarios y profesionistas, con el liderazgo de Jorge Prieto Laurens; o el Partido Laborista Mexicano (PLM), nutrido por los sindicatos de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), que dirigía Luis N. Morones[4]. La verdad es que aquellos partidos hacían alusión a las mencionadas divisiones de los sociedad (obreros, campesinos, artesanos), pero dependían sustancialmente de los caudillos emanados de la revolución armada. Los caudillos decidieron por cerca de dos décadas (de 1916 a 1935) la vida de los partidos. Cuando los partidos empezaban a tomar sus propias decisiones, se confrontaban con los caudillos y ellos los hacían desaparecer. Tal es el caso del principal partido de la época, el Liberal Constitucionalista, que fue el principal apoyo de Venustiano Carranza y de la defensa de la Constitución de 1857 primero y de la de 1917 después; cuando el PLC empezó a salirse del control[5] del ya presidente Carranza, éste tomó la decisión de destruirlo. Estos tres partidos (PNA, PNC, PLC y PLM) pueden verse en perspectiva como cuatro formaciones revolucionarias que se van a integrar una década después al Partido Nacional Revolucionario (PNR). Este último nace como una confederación de partidos nacionales y locales, que fueron brazos políticos de diversas corrientes del movimiento revolucionario.

 

El Partido Comunista Mexicano (PCM) fundado en 1919, tiene que verse como un caso aparte, porque no dependió de la voluntad de los caudillos. Fue un grupo pequeño que trabajó fundamentalmente en el clandestinaje y penetró los sindicatos. Pretendió ser el partido de la clase obrera y llegó a tener una influencia grande en esa incipiente clase, sobre todo en el período grubernamental del general Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940). El gobierno de Cárdenas desarrolló su propia organización obrera, La Confederación de Tabajadores de México, dirigida por Vicente Lombardo Toledano, ideólogo y dirigente marxista, que tuvo acuerdos con el PCM, pero se mantuvo diferenciado de los comunistas. En el período del presidente Miguel Alemán (1946-1952) el movimiento obrero en su conjunto fue apartado del marxismo: Lombardo fue separado de la CTM y se crea una dirigencia sindical no marxista, encabezada por Fidel Velazquez; por su parte, el PCM, fue perseguido por el gobierno y reducida o cancelada su influencia en los sindicatos que había logrado penetrar. Por varias décadas hasta fines de los años setenta en que desapareció para fusionarse con otras organizaciones de izquierda, el PCM aportó su registro y también cuadros importantes: PSUM (1981), PMS (1987) y PRD (1989).

 

             3. Los partidos y la sociedad actual.

 

            El principal partido de nuestra época fue el Nacional Revolucionario (PNR, 1929), que se  transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM,1938) y en Partido Revolucionario Institucional (PRI, 1946). Este último nombre se mantiene hasta nuestros días, aunque ha tenido algunos cambios organizativos. Sostiene la ideología de la revolución mexicana, es una partido integrado fundamentalmente por organizaciones, si bien admite también ciudadanos individuales y los vincula a alguno de sus sectores.[6] Por eso se le caracteriza como un partido de corporaciones o corporativo. Este partido nació en el poder, desde que fueron convocados los grupos revolucionarios en 1928, para formarlo. La nueva organización política tiene por cinco años (1929-1935)  el liderazgo del general Plutarco Elías Calles. Los grupos revolucionarios se habían mantenido en pugna y aunque la revolución armada contra la dictadura concluyó, los grupos siguieron enfrentados y confrontando violentamente sus diferencias. Antes de su aparición, la guerra era la lógica dominante; después, la política fue sustituyendo eficazmente la violencia, poniendo en juego para ello la política, que en gran medida es negociación. La forma que idearon Calles y sus seguidores para lograrlo fue hacer un solo partido en el que se integraran todas las facciones revolucionarias y a través de este organismo resolvieran sus diferencias y en la práctica se distribuyeran el poder. El árbitro principal en la resolución de los conflictos y la asignación de las principales posiciones de poder, pasó a ser el general Calles que, termindo su mandato presidencial (1924-1928) y menguado sustantivamente el obregonismo con el asesinato de su caudillo, quedó consagrado como “Jefe Máximo” de la Revolución. El maximato callista duró hasta 1935, año en el cual, el presidente Cárdenas rompió con el callismo, expulsó al Jefe Máximo del país y asumió la jefatura real del partido, junto con la presidencia. El jefe del partido fue hasta el año 2000 el presidente de la República, quien nombraba a todos los presidentes del PRI y los removía[7]. Puede decirse que esta fomación política aportó a la sociedad mexicana, paz y estabilidad, constituyéndose como una de las bases legitimadoras del poder presidencial y como árbitro de los conflictos entre las divisiones sociales.

 

            El PRI ha sido y sigue siendo el principal partido político de México, no sólo por haber sostenido durante más tiempo la mayor cantidad de posiciones de poder, sino porque ha diseñado e implantado las formas de hacer política y de gobernar en nuestro país. Los otros partidos, cuando han logrado algunas de esas posiciones, incluyendo la presidencia de la República, han operado a imagen y semejanza del PRI, con prácticas clientelares, pacto con organizaciones corporativas y con factores reales de poder, como los llaman Lasalle y, siguiéndolo, Pablo González Casanova[8].

 

            El segundo partido en aparecer en el horizonte político contemporáneo fue Acción Nacional (PAN, 1939), diez años después que el PNR. Se funda como un partido de ciudanos, que busca contrastar con el de organizaciones que es sostenido por el gobierno y las corporaciones que lo integraron. El PAN se mantiene como un pequeño partido testimonial, que lucha contra el monopolio del poder, logra muy pocas posiciones en sus cuatro primeras décadas de exitencia (1939-1980) e inicia un crecimiento en las dos últimas décadas del siglo XX, hasta alcanzar la presidencia de la República en el año 2000. Sin embargo, no conquista todo el poder, porque los priistas siguen en posesión de la mayoría de los gobiernos de los Estados después del año 2000. El PAN consigue mantenerse en la presidencia de la República en las elecciones de 2006, pero tiene cada día mayor desgaste y registra una debilidad política notable durante su último gobierno (2006-20012). Las razones de esa debilidad es el mantenimiento del PRI en el mayor número de posiciones de poder distintas de la presidencia, y el fortalecimiento de poderosos carteles del crimen organizado, a partir del incremento del narcotráfico. Éste no ha podido ser eficazmente combatido por las fuerzas estatales mayores, ejército y marina. El PAN aporta a la sociedad mexicana la mayor experiencia de lucha democrática desde la perspectiva demoliberal, por lo cual es el partido que logra la alternancia y abre dificultosa y tropezonamente una sociedad que se va haciendo más democrática.

 

            La tercera organización política relevante es el Partido de la Revolución Democrática (PRD, 1989), que nace de una fuerte división del partido oficial (PRI) en 1988, apoyado por un partidos hasta entonces pequeños[9] y por  decenas de organizaciones sociales. El PRD tiene influencia en algunas organizaciones sindicales y campesinas, como el organizaciones que forman el movimiento de reivindicaciones urbanas (paracaidistas, precaristas, de reivindicación de vivienda y servicios en las ciudades) y en el comercio informal. Es es gran medida un partido de organizaciones, aunque también acepta adhesiones de ciudadanos individuales. Está formado por corrientes que se disputan la dirección del partido. Las dos más prominentes son la que ha formado el excandidato presidencial (2006), Andrés Manuel López Obrador y su movimiento social (MORENA) y la corriente democrática, popularmente conocida como “los chuchos”. El PRD ha sido el principal contendiente por la presidencia de la República en 1988 y en 2006 y ha ganado seis gobiernos de las entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal cuyo gobierno ha sostenido por tres períodos sexenales. El PRD ha estado a punto de romperse o dividirse en por lo menos dos: los miembros de sus corrientes principales. El PRD aporta a la sociedad mexicana contemporánea, la organización del mayor partido de izquierda que ha existido en México. La múltiple división que registra en sus dos décadas de existencia, ha sido una de sus mayores caracterizaciones. 

 

El año de 1995, El Centro de Estudios para la Reforma del Estado que dirigía Gilberto Rincón Gallardo[10], convocó a los partidos políticos de México a celebrar un Coloquio, en el que se trataron con gran amplitud las relaciones entre la sociedad civil el Estado y los partidos políticos[11]. La sociedad mexicana había cambiado significativamente en la última década del siglo XX y todos los partidos se habían convertido en pluriclasistas. Preocupaba a todos los participantes la presencia cada vez más amplia de una pluralidad expresada en organizaciones sociales del más diverso tipo que, además representaban muy vigorosamente reivindicaciones globales: ecológicas y ambientalistas, de género, vecinales, de protección civil, de derechos humanos, indígenas y muchas otras. Todas ellas planteaban reivindicaciones y tenían propuestas en tonos claramente políticos, porque se dirigían al poder del Estado de manera semejante a la que lo hacían los partidos, aunque de manera específica, para resolver problemas de sectores de la sociedad o de la sociedad en su conjunto. Esto hace conceptualizar a la sociedad civil en forma equívoca, multiforme, que aloja tanto organizaciones serias, como membretes que sólo buscan satisfacer intereses de pequeños grupos.  Por contraste los partidos se reivindican en ese momento como parte de la sociedad civil, con la necesidad de relacionarse más intensamente con las organizaciones sociales, pero invocando que ellos tienen visiones integradoras y organización que los hace instituciones con permanencia más amplia en la sociedad y responsabilidades. También se registra que algunas organizaciones sociales han incubado desconfianza de los partidos y particularmente de sus burocracias.

 

            A pesar de la intensa crisis y descrédito que están viviendo los partidos políticos en nuestro país en la primera década del siglo XXI, siguen teniendo responsabilidades fundamentales para el funcionamiento de la sistemademocracia representativa. En este trabajo expondré lo que a mi juicio son esas responsabilidades, así como las facultades que los partidos tienen para cumplir sus funciones.

 

            Además de los tres partidos principales (PRI, PAN y PRD), existen y tienen algunas posiciones las siguientes formaciones políticas: Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Convergencia (PC). El PT frecuentemente va a elecciones nacionales y locales, unido con el PRD, lo mismo que Convergencia. El PRI tiene aliados al PVEM y en los últimos años, en términos generales, al PANAL[12].

 

            En las elecciones de 2010, fueron muy exitosas las coaliciones del PAN-PRD[13] contra el PRI en seis estados: en tres ganaron la gubernatura: Oaxaca, Puebla y Sinaloa; en las otras tres fueron muy competitivas: Durango, Hidalgo y Veracruz. Al año siguiente, las coaliciones PAN-PRD fueron fuertemente combatidas por AMLO y lograron desbaratar las negociaciones que se habían iniciado entre estos dos partidos. El resultado de ese ataque fue la derrota abrumadora que les propinó el PRI, ahora aliado sistemáticamente por el Partido Verde y por el PANAL.

 

            El sistema de partidos (SdP) en México está integrado pues, por tres organizaciones mayores, PRI PAN y PRD, y por cuatro partidos menores, que frecuentemente se alían en los procesos electorales a alguno de los mayores. La coalición que se ha fortalecido en los dos últimos años (2010 y 2011) es la del PRI con el PVEM y el PANAL. La coalición de izquierda, PRD-PT-Convergencia, que fue exitosa en Guerrero, fracasó en el Estado de México y no se concretó en Coahuila ni en Nayarit (2011); en el Estado de Hidalgo donde sólo hubo elecciones de ayuntamientos, se mantuvo en muchos de ellos la coalición PAN-PRD, con la lógica coalicionista lograda en 2010. Para las elecciones de 2012 no tendremos más partidos en la contienda. Esta es la primera ocasión en dos décadas, en la que no se aceptan nuevos partidos en las elecciones presidenciales. No hubo solicitudes para formar nuevos partidos y en consecuencia no hubo convocatoria de las autoridades para tramitar los registros de nuevos partidos. El sistema puede caracterizarse en una primera aproximación descriptiva, como un sistema tripartido, de dispersión moderada.

 

            En relación con la crisis de confianza que experimentan los partidos políticos en México debo hacer las siguientes salvedades: 1) No todos los partidos atraviesan por la misma crisis, ni experimentan el mismo tipo de problemas. 2) Los partidos que experimentan las mayores dificultades son los que tienen una ideología más definida, de izquierda o de derecha; los partidos pragmáticos, experimentan menos problemas en ese terreno.

 

             4. Funciones de los partidos políticos

 

Analizaré ahora las responsabilidades que los partidos políticos tienen en la actualidad, desde dos perspectivas jurídicas complementarias: la del Derecho Constitucional y la de la ley secundaria. El análisis histórico, sociológico y politológico, permiten llegar a una explicación más amplia sobre esas instituciones en nuestro país y sus relaciones con la sociedad civil y la sociedad política.

 

 1.1 Responsabilidades constitucionales.

 

Los partidos políticos son contemplados en la CPEUM, a partir de la

 

reforma constitucional de 1977, los define y estipula sus objetivos y funciones, en el artículo 41. Este artículo ha venido ampliándose con reformas posteriores entre las que encontramos dispositivos cada vez más amplios respecto de los partidos políticos. Se encuentra en primer lugar en ese artículo de la Constitución la definición de los partidos políticos en dos partes: 1) son entidades de interés público y 2) son asociaciones de ciudadanos con afiliación individual, no gremial o corporativa.

 

Sus funciones principales son: 1) promover la participación del pueblo en la vida democrática de acuerdo con sus programas, y 2) contribuir a la integración de la representación nacional.

 

Sus recursos provienen de dos fuentes: pública que debe ser la principal y privada, que es complementaria.

 

En primer término glosaré el significado de “entidades de interés público”, a partir de su definición en 1977, siguiendo las reformas posteriores que ese artículo ha tenido.

 

El artículo 41 de la Constitución se ha reformado cinco veces desde el año de 1977 en que se introdujo en él la definición de los partidos, dotándolos de nuevas atribuciones y, sobre todo en la última década, de un subsidio mayúsculo.

 

- La primera reforma fue hecha en 1990, estableciéndose que las elecciones constituyen una función estatal ejercida por los poderes de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos; también se definen entonces los principios fundamentales que deberán observarse en la conducción de las elecciones: certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Es en esta reforma de 1990 que se menciona por primera vez el servicio profesional electoral y se crea el organismo que sustituye a la Comisión Federal Electoral, el sistema de medios de impugnación y un tribunal electoral al que se llama autónomo, pero que se deja en la esfera del Poder Ejecutivo. También se establece que las sesiones de todos los organismos electorales colegiados serán públicas.

 

- La segunda reforma se lleva a cabo durante el período del presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993. En ella se dispone que la ley reglamentaria, establecerá las reglas para el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales; al tribunal autónomo se le da el nombre de Tribunal Federal Electoral y se le atribuye la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral.

 

- La tercera reforma se realiza también en el período de Salinas de Gortari, en 1994. En ella se habla por primera vez de que la organización de las elecciones es una función estatal que debe realizarse a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurren los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos según lo disponga la ley. Se introduce aquí la participación de dos poderes del Estado y no sólo del Ejecutivo como se venía haciendo en disposiciones anteriores. A los principios mencionados en la reforma del año anterior se agrega el de independencia del organismo público, prescribiéndose que tendrá un desempeño autónomo en sus decisiones y que su órgano superior se integrará por Consejeros y Consejeros Ciudadanos nombrados por los poderes Ejecutivo y Legislativo y por representantes nombrados por los partidos políticos.

 

- La última reforma del artículo 41, es la de 2007; en ella se refuerza notablemente la participación de los partidos políticos e inclina la caracterización de ellos como órganos del Estado, a pesar de que repite la definición de los partidos como entidades de interés público. Esta última reforma agrega que la ley determinará las formas específicas que tendrá la intervención de los partidos en el proceso electoral. También prohíbe expresamente la intervención de organizaciones gremiales en la creación de partidos políticos y cualquier forma de afiliación corporativa en ellos. Prescribe de manera disimulada, la autorización que deberá hacer la ley para que las autoridades electorales intervengan en los asuntos internos de los partidos. Esta reforma sostiene a nivel constitucional que prevalecerán los recursos públicos sobre los privados. Esa última disposición ya estaba prevista en la ley, pero al convertirse en norma constitucional, hace que los partidos políticos -lo diré con una expresión cuantitativa aunque se refiere a su cualidad- sean más Estado que sociedad civil. Otro elemento de esta reforma que agrega argumentos para considerarlos como órganos del Estado, es que en la liquidación de los partidos que pierden su registro: los bienes remanentes en el momento de su disolución se adjudican a la Federación. La Constitución en su artículo 63, señala que los partidos políticos pueden incurrir en responsabilidad, como ocurre con otras entidades públicas[14]. Finalmente, un factor muy importante de esta reforma para reconsiderar la naturaleza de los partidos, es la adjudicación de la mitad del tiempo de Estado en la radio y la televisión[15].

 

En función de las 4 reformas posteriores a la definición de 1977 mencionadas en el artículo 41, propongo que su definición constitucional debe considerarlos como organismos estatales. Otra reforma que debe ser tomada en cuenta para redefinir la naturaleza de los partidos políticos, es la que se hizo en 1996 al artículo 105 constitucional en el que se establece que estos organismos pueden demandar la acción de inconstitucionalidad. Esta capacidad sólo es otorgada a órganos del Estado o partes de ellos. Al incluirse a los partidos políticos en la lista (fracción II, inciso f) de los órganos del Estado capacitados para solicitar a la Suprema Corte la acción de inconstitucionalidad, los equipara con ellos.

 

Si se mantienen como organismos de interés público que se mueven en el ámbito de la sociedad civil, se les mantiene en una condición en la que las responsabilidades en que incurran no puedan ser debidamente evaluadas y en su caso sancionadas.  Propongo que sean considerados organismos auxiliares del Estado para la promoción democrática de la participación ciudadana y la integración de la representación nacional.

 

Además debe establecerse en la Constitución que los partidos deben conducir sus acciones, las de sus integrantes y dirigentes, con procedimientos democráticos para elegir a sus dirigentes y candidatos. En los casos en que los partidos tomen decisiones sin seguir los procedimientos democráticos, previstos en sus estatutos y reglamentos, la autoridad electoral podrá declarar nulos las decisiones respectivas, ordenando la reposición de los procesos para elegirlos democráticamente. Esta es una disposición que parece indispensable para propiciar que los partidos recuperen la confianza perdida de la ciudadanía. Y es que en los partidos se han dado procesos de oligarquización que permiten a las burocracias y cúpulas partidarias, tomar decisiones que deben corresponder a sus bases.

 

 

 

1.2 Afinamiento y precisión de la regulación partidaria en la ley.

 

El libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimeintos Electorales (COFIPE), regula a los partidos políticos nacionales, desde los requisitos y procedimientos para su formación y registro, sus atribuciones, financiamiento, tiempos en radio y televisión que puede utilizar y otras facultades y obligaciones. Hay normas muy precisas para dar acceso en radio y televisión a los partidos y para otorgarles tiempos de Estado, a fin de que puedan hacer propaganda por sus candidatos y programas en esos medios. Por último, se otorga la capacidad a los partidos para ir en coalición electoral, formar frentes de actividades no electorales o fusionarse entre ellos.

 

            Se discute en los ámbitos académicos y políticos desde hace algún tiempo, el establecimiento de una Ley de Partidos, en la que se estipulen los procedimientos para elegir dirigentes, candidatos, para aprobar los presupuestos internos y su correcto ejercicio, así como para distribuir los recursos de los partidos de tal modo que otorguen condiciones equitativas para los distintos aspirantes a puestos directivos y a candidaturas. No se ve probable que se apruebe una Ley de Partidos próximamente. Sin embargo, podría ser factible que se adicionara el Capítulo VI del Cofipe, para establecer formas en las que los procedimientos democráticos sean observados, y también para  que respeten los derechos de sus integrantes.   Las disposiciones vigentes de este Código, previenen:

 

-         que la Declaración de Principios de los partidos incluya “la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática” (Art. 25);

 

-         que los estatutos de los partidos establezcan “los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos directivos, así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos para contar” con 1) Una Asamblea Nacional que será la autoridad máxima, 2) un Comité Nacional que será su representante y 3) las normas para la postulación democrática de sus candidatos (artículo 27).

 

 

 

-         También se dispone en el artículo 38 del Cofipe, que dentro de las obligaciones de los partidos está la de observar los procedimientos que señalan sus estatutos. Y en el Libro Sexto de sanciones, se dice que la violación a las previsiones de ese artículo 38 se sancionará.

 

 

 

La previsión de sanciones para los partidos por no cumplir con procedimeintos democráticos en su vida interior es muy vaga. Esto último en virtud de que puede interpretarse que la obligación de los partidos para ser democráticos debe ser formal y  sólo consiste en incluir en los estatutos o en la declaración de principios el conducirse por procedimientos democráticos, pero si los órganos del partido no actúan democraticamente no hay sanción prevista y entonces quedar como una norma imperfecta. De hecho se dan constantemente en los partidos decisiones cupulares que no respetan acuerdos de sus asambleas nacionales o de sus estatutos y estas violaciones no son revisadas por la autoridad.

 

               5. Consideraciones finales:

 

            1) Los ciudadanos miembros de los partidos deben contar con elementos que les permitan solicitar que la autoridad obligue a los partidos a que se ciñan a procedimientos democráticos. Ha sido muy común en los partidos, ver como acarrean miembros, compran votos, hacen votar a los muertos y otras lindezas del estilo y eso no es suficiente para que la autoridad intervenga y nulifique elecciones internas de dirigentes y candidatos cuando se han usado esos procedimientos indebidos. Parece que los actos sólo son ilícitos cuando se realizan en los procesos electorales para elegir autoridades y no para los procedimientos internos para elegir candidatos o dirigentes de los partidos. Esto hay que corregirlo y dar facultades a la autoridad electoral para obligar a los partidos a que repongan los procedimientos para nominar candidatos cuando éstos han sido impuestos por las cúpulas partidarias sin mediar procedimientos democráticos.

 

            2) Es necesario reformar la ley para que se reduzca el financiamiento de los partidos políticos, a límites menores. Se están realizando gastos excesivos en materia electoral cuando hay necesidades insatisfechas de la población en materia alimentaria y de salud, para mencionar las más básicas. Parte del desprestigio de los partidos les viene por el sobregasto que realizan en la promoción de sus candidatos y tesis, en un país con tantos millones de pobres. México tiene la democracia más cara del mundo, sin que ese costo nos hubiera aportado un sistema de gran calidad democrática.

 

            3) Los partidos políticos deben transparentar ampliamente sus ingresos, no sólo los que les otorga el erario, sino los que reciban de sus donantes. Si no lo hacen esto debe enforzarse por las autoridades.

 

            4) La autoridad electoral no debe estar a merced de los partidos, sino tener autonomía respecto de ellos, como respecto del gobierno. La situación actual de la autoridad electoral que está formada por consejeros que están vinculados a los partidos y defienden sus intereses, puede resolverse si no se deja en los grupos parlamentarios de los partidos la nominación de consejeros electorales. La propuesta debe quedar a las organizaciones serias de la sociedad civil, sobre las que debe haber un registro y de las instituciones de educación superior. Estas últimas deben proponer a ciudadanos que sean miembros o no de los partidos, por sus méritos, prestigio y realizaciones. Los nombramientos de los consejeros debería quedar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y no a los diputados como está dispuesto en la legislación vigente. Este tipo de medidas ya no se podrá hacer para las elecciones de 2012, que están en riesgo de no ser bien conducidas por la debilidad en que ha caído la autoridad electoral. 

 

            5) Las autoridades no deben sólo fijar multas a los partidos que cometen irregularidades, multas que luego reducen por presiones de los propios partidos que han logrado reducir la autonomía que había alcanzado la autoridad electoral; deberían también cancelar candidaturas y aun invalidación de elecciones y cancelación de registros a los partidos cuando éstos han cometido faltas graves.

 

            6) Deben autorizarse las candidaturas independientes, como un medio adicional para combatir la corrupción y las decisiones arbitrarias de las burocracias respecto de los candidatos. 

 

            7) Debe obligarse a los candidatos de los partidos a puestos de elección popular a debatir entre ellos y no dejar que los debates se hagan sólo cuando lo acuerdan los partidos. Esto mejoraría el nivel de nuestra democracia deliberativa. Si se reduce el número de spots que se otorga a los partidos y candidatos, podría tomarse ese tiempo oficial para los debates. Esto beneficiaría con información al conjuto de ciudadanos, que dispondrían de mejor información y mejores elementos de juicio para decidir su voto.

 

           

 

            BIBLIOGRAFIA BÁSICA

 

 

 

- Centro de Estudios para la Reforma del Estado, A.C., Partidos Políticos y Sociedad Civil, México, 1995.           

 

- Delhumeau, Antonio, Coord. México: realidad política de sus partidos, Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A.C. México 1970

 

- Fuentes Díaz, Vicente, Los Partidos Políticos en México, tomo I, edición del autor 1954, tomo II, edición del autor, 1956. Segunda Edición, Ed. Altiplano, México, 1969.

 

- Garrido, Luis Javier, El Partido de la Revolución Institucionalizada, Siglo XXI Editores, México, 1982.

 

- González Casanova, Pablo, La Democracia en México, Editorial ERA, México, 1965.

 

- González Casanova Pablo, Las Elecciones en México, Siglo XXI Editores, México 1980.

 

- Katz, Richard & Crotty, William, Handbook of Party Politics, Sage Publications, London, 2005.

 

- Lajous, Alejandra, “El Partido del Estado” en Revista Nexos,  Año II, No 17, México, mayo 1979.

 

- Loaeza, Soledad, La Gran Marcha, Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

 

- Rodríguez Araujo, Octavio, Coord., Los Partidos Pol