Lunes 9 de enero de 2012

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Seminario Internacional "Los Derechos Humanos de las Mujeres en México" Mérida, Yucatán 14 de noviembre de 2012

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Dr. Francisco J. Paoli Bolio
Subsecretario de Desarrollo Político
Secretaría de Gobernación

Seminario Internacional
"Los Derechos Humanos de las Mujeres en México"
Mérida, Yucatán
14 de noviembre de 2002

El ejercicio pleno de los derechos de la mujer es un proceso que reclama un cambio cultural. Se trata de una transformación de gran aliento, porque se ha venido gestando y desenvolviendo milenariamente la cultura patriarcal, también caracterizada popularmente como machista. A partir del siglo XIX, sobre todo en países occidentales y particularmente en los Estados Unidos, se ha venido impulsando una crítica cada vez más profunda de esa culturaque otorga una condición dominante a lo masculino, parte de una caracterización de la mujer como ser física, biológica, psicológica, social, económicamente y políticamente dependiente de los impulsos viriles y del sostenimiento masculino.

La ley en las etapas más recientes de la civilización, recoge y apuntala de distintas maneras esas desigualdades en el tratamiento de ambos sexos; también a través de instrumentos legales se estructuran formas y procedimientos que aseguran la dominación masculina.

Simone de Beauvoir sostiene: "Este mundo siempre ha pertenecido a los varones, pero ninguna de las razones propuestas para explicar el fenómeno nos ha parecido suficiente. Volviendo a tomar a la luz de la filosofía existencial los datos de la Prehistoria y de la etnografía, es como podremos comprender de qué modo se ha establecido la jerarquía de los sexos."

Tal vez la defensa contra los peligros de la naturaleza en los tiempos más remotos anteriores al establecimiento de la agricultura, fueron determinando la dominación masculina, a partir del desarrollo intenso de su fuerza física, para garantizar la sobrevivencia y la organización de la vida humana en sociedad. Los largos períodos de debilitamiento de la mujer, por su condición reproductiva y de maternidad, dieron al varón una ventaja notable en términos de su fuerza física para enfrentar a la naturaleza y para la guerra. Esas condiciones condujeron inicialmente en forma brutal a la gestación de la dominación patriarcal, que se consolidó en la historia de la civilización de los seres humanos.

Superar esa dominación reclama un esfuerzo generalizado de los seres humanos, para establecer las condiciones físicas, biológicas, psicológicas, sociales, económicas, políticas y jurídicas que hagan posible la igualdad de los hombres y las mujeres. Se trata de un esfuerzo descomunal y de largo aliento que tiene que ser hecho por el conjunto de los seres humanos que habitamos el planeta. Es un reto para el género humano todo. En la medida que se logre la condición general de igualdad entre los seres humanos con distinto sexo, permitirá que todos seamos seres mejores y más libres. Se trata de una gran tarea de solidaridad humana, que empieza por hacer verdaderamente semejantes a todos los seres dotados de inteligencia y voluntad libre.

 

A partir de una conciencia amplia de la gestación prehistórica e histórica de la dominación masculina, puede irse realizando un proceso de equiparación en los diversos ámbitos referidos, lo cual nos hará más libres y más responsables a todos los seres humanos. Por eso se trata de un cambio cultural que compete a todos los integrantes de la sociedad humana. Porque la vida verdaderamente humana es solamente la vida en sociedad, que no en la vida de los seres brutos como apuntó Aristóteles hace ya algunos siglos.

Mis reflexiones estarán encaminadas a que abordemos de forma inmediata algunos de los problemas cruciales que enfrenta la mujer para ir más allá de la conquista formal de derechos y sobre todo la necesidad de garantizar condiciones para un ejercicio real de los mismos en la sociedad mexicana de nuestro tiempo, partiendo de algunos datos agregados de diversas regiones para entender nuestra situación relativa en materia de desigualdad.

Fundamentalmente en todo el mundo occidental se han venido logrado importantes avances en lo que respecta a la educación y la salud de la mujer, así como su acceso al mercado laboral. Sin embargo, en comparación con el hombre, la mujer continúa estando en desventaja en casi todas las esferas socioeconómicas. Tanto los niños como las niñas se han beneficiado con el enorme aumento de la matrícula escolar en todos los niveles de enseñanza, pero las niñas siguen quedando a la zaga. En los países en desarrollo, según datos del Banco Mundial, había 67 niñas por cada 100 niños matriculados en las escuelas primarias en 1960; en 1990, la relación era de 86 niñas por cada 100 niños y en 2001 fue de 90 por cada 100. La matrícula sigue una curva similar en la enseñanza secundaria y terciaria; es decir, 53 mujeres por cada 100 hombres en las escuelas secundarias en 1960 y 75 por cada 100 en 1990, y 79 por cada 100 en 2001. Por su parte, 36 mujeres por cada 100 hombres en la educación superior en 1960, 64 por cada 100 en 1990 y 70 a 100 en 2001.

La orientación por sexos se produce porque en muchos países los conocimientos que adquieren las mujeres en la escuela primaria y secundaria las preparan únicamente para profesiones predominantemente "femeninas" como la enseñanza. Dicha orientación por sexos impide que las mujeres reciban formación en ciencias aplicadas como agricultura, silvicultura, pesca, ciencias e ingeniería.

En el curso de los últimos dos decenios, la esperanza de vida de hombres y mujeres al nacer ha aumentado en todas las regiones del mundo. En Asia sudoriental y en África, al Sur del Sahara, la esperanza de vida de las mujeres es de menos de 60 años en tanto que en América Latina y el Caribe es de 71 años. En las economías en transición en Europa y Asia Central, las tendencias en la esperanza media de vida de hombres y mujeres muestran características similares a las observadas en los países industriales, donde por lo general, es entre 5 y 8 años superior a la del hombre.

En cuanto a de algunos países de Asia Meridional, los hombres, o viven más que las mujeres o tienen la misma esperanza de vida que éstas, a pesar de las ventajas biológicas de que goza el sexo femenino. De entre todas las causas de muerte de las mujeres, la derivada de la maternidad sigue siendo la más importante. Alrededor de 500,000 mujeres mueren cada año a causa de complicaciones directas del embarazo y el parto.

En las economías en transición hacia un sistema de mercado no es fácil obtener datos recientes sobre el porcentaje de mujeres económicamente activas. En todo caso, la participación de la mujer en la fuerza laboral ha sido tradicionalmente mayor que en todos los demás países. En la Federación Rusa, por ejemplo, las mujeres sobrepasaban a los hombres en la fuerza de trabajo, en una relación de 52 a 48 en 1991. Mientras que, en Europa Oriental representaban entre el 40% y el 50% de la fuerza laboral y en Europa Occidental entre el 35% y el 40%.
En la mayoría de los países, las mujeres que trabajan ganan en promedio, por hora, menos que los hombres. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, la relación entre los salarios de las mujeres y de los hombres oscila entre 60% en países como Argentina, Bolivia y Brasil, y alrededor del 80% en otros, como Colombia, México y Panamá. Los datos sobre el total de ingresos mensual o trimestral de mujeres y hombres demuestra que la diferencia de ingresos es todavía mayor debido a la diferencia entre los sexos en cuanto a horas trabajadas en empleos asalariados.

 

Los ingresos de las mujeres en comparación con los de los hombres son más altos si se trata de trabajadoras más jóvenes, y más bajos en el caso de trabajadoras de más edad. Hay considerables indicadores procedentes de muchos países de América Latina y el Caribe, así como de Asia, de que las diferencias en el capital humano (educación, experiencia laboral y otros) entre hombres y mujeres explican sólo en pequeña parte la diferencia de salarios. Los obstáculos legales y las prácticas de contratación discriminatorias tal vez expliquen muchas de las diferencias de ingresos observadas entre uno y otro sexo.

La lucha para lograr la igualdad de hombres y mujeres en México, es más reciente que la de otros países occidentales. Habría que recordar algunos antecedentes de esa lucha. Recuerdo apresuradamente algunas acciones y personas femeninas que impulsaron esa reivindicación en México sobre todo a principios del siglo XX: la Sociedad protectora de la Mujer, que dirigía María Sandoval de Zarco en 1903; el grupo encabezado por Lucrecia Toriz, que durante los movimientos de Río blanco, Santa Rosa, Cerritos y San Lorenzo destacaron oponiéndose a la dictadura de Porfirio Díaz;
en 1906, la organización "Las admiradoras de Juárez", quienes se movilizaron desde 1915 para solicitar la reforma a los artículos 34, 35 y 115 constitucionales; la participación política de la mujer en México sería el Primer Congreso Femenil, efectuado en Yucatán el 13 de enero de 1916 organizado por Salvador Alvarado, que plateó una mayor libertad y derechos para la mujer, y refrendó la lucha por alcanzar el voto; o los años 1923 y 1925, cuando en Chiapas, Yucatán y Tabasco se erigen como las entidades federativas vanguardistas, al concedérsele a la mujer la igualdad política para votar y ser votada en puestos de representación popular, destacando Fidelia Brindis, Elvira Carrillo Puerto y Hermila Galindo como diputadas que desarrollaron amplios proyectos legislativos que buscaban el beneficio social de las mujeres. No puede olvidarse tampoco a Felipe Carrillo Puerto cuando en 1922 al ser gobernador de Yucatán, concede igualdad de derechos y oportunidades a las mujeres de ese Estado. Así, la historia de Yucatán se llena de triunfos femeninos al tener en 1923 a la Maestra Rosa Torre como la primera regidora en el Ayuntamiento de Mérida, dando con esto el primer cargo de elección popular a una mujer en la República mexicana. En Chiapas también se suscribiría una parte importante de la historia por la lucha del voto femenino cuando en 1925 los legisladores de la XXX legislatura local aprueban un decreto concediendo la ciudadanía a las mujeres.

Ya con el Presidente Lázaro Cárdenas se prepararía el advenimiento de la ciudadanía de la mujer, con un proyecto de reformas al artículo 34 constitucional, enviado a la Cámara de Senadores el 19 de noviembre de 1937. Sin embargo, el dictamen sería adverso al no otorgar el voto a las mujeres en el siguiente sentido: "...en el tiempo actual, la mujer mexicana no está capacitada para el ejercicio de derechos políticos y por tal motivo, se desecha la petición".
Sería entonces entre las décadas de los años veinte y treinta cuando se verá nutrida la participación de las mujeres en la política, militantes activas, bien del Partido Antirreleccionista, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el Partido Comunista Mexicano, en el Partido Nacional Revolucionario, con la meta de organizarse para lograr la emancipación ya política, bien laboral. El movimiento penerrista de mujeres junto con otros grupos feministas reivindicarían su derecho de sufragio en el Congreso Nacional de Obreras y Campesinas en 1931, 1932 y 1934. En 1939 desde la fundación del Partido Acción Nacional, se inscribe en su plataforma la reivindicación del voto y plena capacidad de participación política de la mujer. Y sería hasta el sexenio de Miguel Alemán Valdés que éste enviará a la cámara de Diputados la iniciativa de Ley referente a la adición al art. 115 constitucional, en la que se concede el voto a la mujer en las elecciones municipales.

El voto de las mujeres se convertiría entonces en una demanda que asumiría Adolfo Ruiz Cortines para su campaña como candidato a la Presidencia, ofreciendo la igualdad definitiva y el voto ciudadano a las mujeres. Por lo que sería con el decreto del 16 de octubre de 1953 en donde se reformen los arts. 34 y 115 constitucionales concediendo plenitud de derechos ciudadanos a la mujer mexicana.

Pero esa es tan solo una parte de la historia, antecedentes que no sólo nos llenan de orgullo, sino de entusiasmo para seguir trabajando por el tipo de sociedad que anhelamos ser en forma permanente. La lucha de las mujeres en un primer momento fue legal, cumplió con su cometido primero, pero no fue suficiente. Actualmente las mujeres buscan sobre todo la tangibilidad, la efectividad de las buenas intenciones que se les han mostrado.
Los avances en materia de educación y salud son fundamentales para el bienestar humano y para aumentar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo. Sin embargo, algunos países y regiones ampliaron sus recursos humanos y aumentaron la igualdad entre los sexos, en tanto que en otros, la base de recursos humanos se amplió, pero no mejoró la igualdad entre los sexos. Esos contrastes indican que un avance general en materia de recursos humanos es necesario pero no suficiente para lograr la igualdad entre los sexos. La eliminación de la desigualdad entre los sexos exige medidas positivas a fin de que el promedio de los beneficios obtenidos a nivel nacional se traduzca en beneficios para las mujeres.

Si nos ubicamos en el México de nuestro tiempo, tendríamos que hacer un recuento de las condiciones físicas, biológicas, psicológicas, sociales, económicas, políticas y jurídicas, que hacen posible y conducen esa dominación en nuestro medio. El ejercicio pleno de los derechos de los seres humanos de las mujeres, requiere una transformación que llegue a todos esos ámbitos.

Desde una perspectiva optimista puede decirse que se han logrado conquistas significativas en el campo de los derechos de la mujer. Pero desde una perspectiva realista, habría que reconocer, que a nivel del conjunto de nuestra sociedad, a principios del siglo XXI todavía nos falta mucho para empezar a lograr la igualdad de los seres humanos de distinto sexo. En primer término nos falta un largo trecho para hacer crecer la conciencia de la enorme enajenación que todos padecemos en virtud de la dominación masculina. En segundo término, es necesario diseñar y estructurar en la sociedad las políticas públicas de largo plazo que permitan el verdadero ejercicio de los derechos que formalmente se han consagrado por igual para todos los seres humanos.

En cuanto a la situación de la mujer en nuestro país, encontramos un déficit que marca claramente la desigualdad de tratamiento, de distribución de oportunidades y de reparto equitativo de los bienes y servicios en todas las esferas de la sociedad y del poder. Las cifras marcan los parámetros según los cuales podemos hacer un balance respecto de su situación en general al encontrar que constituyen, de acuerdo con el último Censo General de Población del año 2000, el 51.36% de la población nacional total es decir, 50 millones 007 mil 325 mujeres. Referiré algunas en tres campos: salud, educación y trabajo, para ilustrar aunque sea esquemáticamente el estado de la desigualdad. Los faltantes son aún significativos en estas materias, así como de participación en la organización social y en la vida política.
De la población femenina 25 millones 583 mil 090 de ellas no tiene acceso al servicio de salud, y que solamente el 60.48% de partos son atendidos en unidades médicas. Para 1999 el 43.2% de la población total femenina estaba desocupada y solamente el 33.5% era económicamente activa.

Encontramos que de tal cantidad de mujeres, para el año 2000 solamente 10 millones 654 mil 990 de ellas contaba con trabajo, que de dicha cifra 743 mil 590 no recibía ingresos; que un millón 753 mil 827 recibían menos de un salario mínimo; que 3 millones 410 mil 985 recibían de 1 hasta 2 salarios mínimos; que 1 millón 598 mil 748 recibían más de 2 salarios mínimos y hasta 3 salarios mínimos; 1 millón 406 mil 906 de 3 hasta 5 SM; 779 mil 978 más de 5 y hasta 10 SM; 254 mil más de 10 SM; y 706 mil 956 cuya especificación no se tenía.
Para septiembre de este año sólo 38.0% de la población total femenina estaba empleada. Y de dicho porcentaje el 40.1% era soltera, 45.8% casada y 14.1% divorciada o viuda. Mientras que el desempleo abierto calculado para las mujeres este año ha sido del 2.5%.

Encontramos también, que de la población femenina que producía bienes y servicios para el mercado y que era económicamente activa para 1999, solamente el 7.9% contaba con bachillerato; 1.8% con estudios profesionales medios; y 13.0% con estudios superiores y, de ese mismo porcentaje, solamente el 37.0% de las mujeres que trabajaba no tenía hijos. Que de las mujeres asalariadas un 43.4% se encontraba sin prestaciones de ningún tipo y que de la población total de mujeres el 66.4% realizaba trabajo doméstico en el año 1999.
Respecto del Analfabetismo encontramos también, que para el año 2000 un 11.5% de la población femenina era analfabeta contra un 7.5% de los hombres, es decir, que el 88.5% del total de las mujeres en ese año se encontraba instruida. A la vez, que la matrícula en licenciatura para mujeres fue de 690 mil 300 mientras que para hombres de 791 mil 699, es decir, un 46.6% de la matrícula estaba constituida por mujeres y un 53.4% por hombres. En el caso del bachillerato, para 1998 el 49.8% lo constituían las mujeres y un 50.2% los hombres. En el caso de la matrícula en postgrado para 1999, las mujeres constituían un 42.1%, es decir, 46878, a diferencia de 64 369 hombres, lo cual constituía 57.9%.

En relación con la circunstancia política de la mujer, refiero algunos indicadores: de los cargos de elección popular en el año 2000, de 4,984 candidatos solamente 1,730 eran mujeres, o sea, un 34.71% del total. Que actualmente de 500 diputados federales, solamente 80 son mujeres, o sea el 16%. Además de que solamente el 15.8% de las mujeres, en el año de 1996, participaba o tenía filiación partidaria y un 5.8% pertenecía a alguna organización no partidaria de ciudadanos.

Durante los últimos años, el tema de la mujer y su participación en la vida política y económica, ha despertado el interés de numerosos sectores, tanto en función del fortalecimiento de sus derechos, como del diseño institucional y del tipo de políticas públicas que acompaña su creciente intervención en diversos aspectos de la vida social.
Hoy el reconocimiento formal de la igualdad jurídica, la creciente participación de la mujer en el mundo del trabajo y su incursión, aún escasa, en las instituciones políticas, son una muestra de derechos que han conquistado con gran esfuerzo. Sin embargo, aún estamos lejos de condiciones que les permitan el ejercicio pleno de sus derechos.

El Estado y sus instituciones se dan a la tarea de buscar alternativas para contribuir a crear las condiciones para ampliar las oportunidades de desarrollo e implementar acciones que conduzcan a una mayor equidad y complementariedad entre grupos sociales.

Las transformaciones que esta situación impone, obligan a construir un entorno para el ejercicio pleno de los derechos conquistados por parte de las mujeres, junto al impulso de una cultura basada en la equidad y la igualdad, propiciando el fortalecimiento y ampliación de sus derechos, la incorporación de sus principales necesidades en la agenda pública y la creación de instituciones que favorezcan la equidad social.

Como podemos observar, la posición social de la mujer, su importancia en la vida económica son resultado de múltiples factores que se gestan durante largas etapas y que en los últimos treinta años han redefinido incluso el estudio de los procesos económicos, el análisis de las relaciones familiares y las condiciones mismas de vida de las mujeres.

A nivel social surgen constantemente expresiones y demandas que provienen del sector específico de las mujeres y que llaman la atención sobre una problemática concreta. Sus demandas para fortuna de nuestra sociedad contemporánea, ya no son sólo el cumplimiento de los derechos consagrados como universales, sino que atienden a situaciones diversas, determinadas por la situación económica, la condición sexual, edad, género o de residencia.

La expansión del principio de ciudadanía, a través de la consolidación de nuevos derechos en materia de género, salud reproductiva, protección ambiental, mundo laboral, pobreza, educación, y otros que conforman la agenda del fortalecimiento de los derechos de la mujer, son demandas de ampliación del contexto de participación e influencia y forman parte de diversos acuerdos, tratados y convenciones internacionales a los que México se ha sumado.

Hoy en día podríamos decir que la participación tiene lugar en diferentes espacios públicos y que esa participación se traduce en influencia en la toma de decisiones públicas con base en la obtención creciente de derechos y nuevas pautas y roles en la vida social. Estamos ante un proceso que se acerca a la ampliación y el fortalecimiento del principio de ciudadanía con múltiples expresiones que poco se parecen a los procesos del pasado, sin embargo es preciso reconocer que esas formas emergentes de participación con potencialidades democráticas, no están libres de dificultades y riesgos y que deben consolidar un soporte basado en su reconocimiento jurídico e institucional para su ejercicio real.

Existen multitud de condicionantes para la plena participación de la mujer en el mundo actual. La mayor intervención de la mujer mexicana en el contexto económico y social se ve reflejada en cambios esenciales en tres ámbitos específicos: el mercado de trabajo, el bienestar social y la participación política. Estos tres campos resumen la compleja problemática que enfrentan las sociedades que buscan lograr esquemas de convivencia más igualitarios con ampliación de los espacios democráticos.

Respecto al mercado de trabajo se pueden ubicar dos procesos: el aumento de la población femenina económicamente activa y el crecimiento del número de mujeres ocupadas en el sector informal de la economía. En el primer caso aunque es un proceso normal en las economías de mercado, éste aumenta en periodos de crisis, donde llega incluso a superar a la población activa masculina, dato que indicaría que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo en coyunturas económicas para fortalecer los ingresos familiares.

Desde luego, el sector que ha captado la mayor parte de la mano de obra femenina, es el sector terciario en virtud de que una mayor urbanización exige más y mejores servicios para la población y la actividad productiva. En el caso de la industria, el empleo femenino ha crecido especialmente en la industria maquiladora, donde la destreza y la flexibilidad han permitido absorber un mayor volumen de empleo como hemos experimentado en los últimos años. Sin embargo, es de todos conocido el incremento de las actividades informales que constituyen en la actualidad importantes actividades receptoras de mano de obra femenina. Según estimaciones de las instituciones laborales cerca del 40 por ciento de la población dedicada a las actividades informales son mujeres, considerando además que ocuparse en este sector, implica sobrevivir a base del autoempleo y enfrentar diferentes tipos de riesgos en cuanto a la seguridad y la propia integridad.

En efecto, la mayor incorporación de las mujeres al sector informal agudiza los problemas relacionados con la maternidad, la provisión y acceso a servicios de salud, educación, ingresos y participación política. Asimismo produce cambios en las relaciones familiares y fomenta la inserción de otros grupos como los niños, los jóvenes y los ancianos a la economía informal, es decir la familia se recompone para sobrevivir a los problemas económicos inmediatos.
En virtud del incremento de los hogares con jefatura femenina se produce la necesidad de establecer redes horizontales de apoyo para garantizar el consumo de los satisfactores esenciales, lo cual conduce a la inserción de otros grupos también vulnerables a la economía informal.

Derivado de esta situación, el contexto social y económico se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Gran parte de las mujeres que trabajan en el sector informal tienen un bajo nivel de escolaridad.
• Hay cambios en el perfil de las trabajadoras con un aumento de las mujeres casadas y con hijos.
• Modificación de los patrones de consumo.
• Incremento de los miembros de la familia que trabajan.
• Incremento de las tensiones en el seno familiar que provocan desintegración, violencia, adicciones, etc

La creciente importancia del empleo femenino y su deseo de mayor autonomía e independencia económica han transformado el rol de la familia convencional. La transformación de la familia origina problemas centrales para las sociedades contemporáneas ya que da lugar a nuevos riesgos y problemas incompatibles con los sistemas de protección social existentes.

Los hogares monoparentales son especialmente vulnerables a la pobreza, pero también la familia tradicional se enfrenta a un elevado riesgo de pobreza, especialmente en las sociedades con marcada desigualdad de ingresos.

En efecto, los procesos de redimensionamiento estatal de los últimos veinte años carentes de rostro humano, motivaron la reorientación del gasto público y social concentrando las políticas y programas sociales en sectores considerados como "más pobres", dejando fuera del alcance de esas acciones a grupos sociales específicos, considerados como emergentes, entre los que se encuentran las mujeres.

Muchos de los servicios que constituían un soporte del bienestar social de estos grupos fueron disminuidos o eliminados, tal es el caso de guarderías, servicios para el cuidado de ancianos, enfermos, etc. De tal forma que al reducir el gasto social y destinarlo a otros fines se transfiere una parte fundamental de la responsabilidad de los servicios sociales al sector reproductivo, obstaculizando el proceso de autonomía femenina y reforzando lo que se considera como feminización de la pobreza.

Los análisis estadísticos muestran que durante la década pasada el número de mujeres en condiciones de pobreza absoluta se incrementó en forma desproporcionada y que los riesgos de caer en pobreza son mayores para las mujeres que para los hombres.

Además, estos estudios muestran también que la pobreza se presenta más comúnmente entre las mujeres que viven en el medio rural y que, en general, las mujeres son más pobres porque tienen menos oportunidades económicas y menos autonomía que los hombres. En suma, que la rigidez de los roles de la mujer y la tendencia a reducir los servicios sociales han incrementado la pobreza entre las mujeres.

Uno de los rezagos de la democracia contemporánea es la baja representación y participación política femenina en los niveles de decisión política y puestos clave del poder público del Estado, desde cargos de elección popular hasta cargos de libre designación dentro de la función pública. Este hecho constituye en sí un grave déficit democrático que se ve también reflejado en las instituciones políticas intermediarias entre el Estado y la sociedad civil, como son los partidos políticos, dentro de sus órganos directivos. De la misma forma es muy baja la participación y representación femenina en otras organizaciones sociales que inciden fuertemente en la vida y decisiones públicas de los Estados como son los sindicatos, las asociaciones empresariales, las cooperativas, las asociaciones profesionales, etc.

Pese al hecho de que desde hace tiempo se reconoce el derecho fundamental de mujeres y hombres a participar en la vida política, en la práctica la brecha entre realidad y formalidad en la esfera del ejercicio del poder y la toma de decisiones sigue siendo amplia. Ello trae como consecuencia que los intereses y preocupaciones de las mujeres no se representen en los niveles de formulación de políticas y tampoco ejerzan influencia sobre las decisiones fundamentales que afectan a la sociedad en su conjunto.

Las iniciativas y los programas orientados a aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones se han visto entorpecidos por una serie de factores, en algunos casos por las propias pautas culturales y en otros por no existir la plena representación de este grupo social que permita asignarles prioridad dentro de la agenda pública a la atención de su problemática.

Por lo tanto entre las transformaciones que se deben impulsar se encuentra la eliminación de esta subrepresentación política que estaría impidiendo el establecimiento de acuerdos y mecanismos que compensen y permitan atender aquellas áreas de la vida social donde hoy intervienen las mujeres, junto con la participación de otros sectores bajo un horizonte de complementariedad.

La consecuencia principal de esta infrarrepresentación femenina en los principales centros de decisión política, es la perpetuación de problemas que hoy aquejan por igual a mujeres y hombres. Ello supone prácticas políticas que generalmente son resultado de una perspectiva y experiencia de vida que ya no se ajusta a las condiciones actuales, en vista de la continuidad de los roles de género, incluso en aquellos asuntos que conciernen a las responsabilidades familiares.
Desde la perspectiva de los derechos humanos, es importante comprender y resolver esta problemática porque ha quedado en evidencia plenamente que el fortalecimiento de los derechos de las mujeres se puede producir de forma distinta y específica por su propia condición y posición en las relaciones sociales. Los mismos derechos humanos fueron concebidos desde una perspectiva de complementariedad, por lo que su realización contribuye a la búsqueda de la igualdad y a erradicar todo tipo de discriminación cuyas formas sutiles y específicas niega a las mujeres sus derechos esenciales.

El momento histórico alcanzado por la relevancia de la mujer en la vida social económica y cultural enfrenta el reto de afirmar y consagrar los derechos universalmente reconocidos y la expansión hacia un nuevo contexto de ciudadanía que permita avanzar hacia una sociedad democrática y equitativa para las mujeres.

Ello significa definir los ámbitos de transformación que conduzcan a un marco institucional que asimile la nueva realidad de la participación de la mujer eliminando los obstáculos prevalecientes en diversos aspectos de la vida social:

1. En el plano institucional, precisamente donde se regulan, consagran y garantizan el conjunto de derechos políticos, es necesario evitar cualquier tipo de discriminación o exclusión.
2. En el plano del diseño de políticas públicas, se requiere evitar distinciones artificiales en los procesos públicos para garantizar que la equidad y complementariedad no se contrapongan con una visión integral de la gestión pública.
3. Es necesario impulsar una "cultura de la mujer", es decir, la difusión de valores orientados a la igualdad y contra la discriminación por razones de sexo, que garanticen a la mujer la afirmación y el ejercicio pleno de sus derechos.
4. En materia de pobreza, se deben impulsar políticas y programas que atiendan las necesidades de las mujeres y faciliten el acceso a bienes y recursos en condiciones de igualdad.
5. Asimismo, es necesario facilitar el acceso de las mujeres a las instituciones y mecanismos de crédito a fin de contrarrestar la feminización de la pobreza.
6. En materia de educación, se requiere un esfuerzo especial para reducir las tasas de analfabetismo entre las mujeres.
7. Se debe fortalecer el acceso de las mujeres a la formación profesional y laboral, la ciencia y la tecnología.
8. Es urgente poner en práctica la legislación para combatir la violencia contra las mujeres.
9. Es imperioso promover la igualdad de acceso de las mujeres a una mayor participación en las instituciones y órganos del gobierno y la administración pública, partidos políticos, sindicatos y organismos civiles.

Hoy más que nunca la transformación social depende que se garanticen a la mujer las condiciones para un desarrollo pleno. Hoy más que nunca la mujer se merece que abandonemos la retórica y pasemos a las acciones de gobierno.

ELEMENTOS BÁSICOS SOBRE LA REFORMA DEL ESTADO
(Documento para el Ing. Alberto Cárdenas)

Objetivo de la reforma institucional
La sociedad mexicana ha cambiado. En la actualidad, se requieren instrumentos nuevos y más adecuados para asegurar una gobernabilidad democrática, sobre todo, si se toma en cuenta que ya no se ejercen poderes fácticos, no previstos en la Constitución.

En un contexto político sin mayorías amplias, son indispensables mecanismos que propicien el acuerdo y la conciencia de que todos los actores son co-responsables de la acción gubernamental: poderes, órdenes de gobierno, partidos y actores sociales, deben concurrir a la atención de las demandas de la población.

Las reformas institucionales que presentamos a continuación buscarían construir un régimen político en el que se garantice:

• Que el principio rector de la vida pública sea el derecho y no los acuerdos informales.
• Que las instituciones democráticas representen efectivamente a la ciudadanía y no se permita que se desarrolle una agenda al margen de las necesidades generales de la sociedad.
• Una verdadera colaboración entre poderes y órdenes de gobierno, que fortalecidos actúen en beneficio de la sociedad.
• Una actuación eficaz del gobierno para que establezca condiciones para el desarrollo social, familiar y personal.

Se requiere de una propuesta de reforma integral y coherente que establezca con claridad el proyecto de nación que tiene el gobierno federal.

La eficacia en la acción del Estado se propicia con un sistema armónico en el cual cada uno de los órganos tiene claridad de lo que le corresponde hacer y cuenta con las facultades para realizarlo.

Contenido temático que se propone para la Reforma del Estado
Se proponen los siguientes ejes temáticos, que en realidad son objetivos para lograr:

1. La consolidación del Estado de Derecho y sistemas para la defensa de los derechos humanos en México.
2. Confirmar y ampliar la transparencia y la rendición de cuentas en la acción del Estado. Esta se ha iniciado con grandes avances en el periodo de gobierno del licenciado Vicente Fox. Se ha respondido por la Administración Pública más de noventa mil consulta de los ciudadanos. Es necesario que la transparencia se extienda a todas las entidades con leyes locales y organismos que la puedan lograr. También que en los poderes Legislativo y Judicial se establezcan procedimientos adecuados para lograr esa transparencia, como se ha venido haciendo en el Ejecutivo.
3. Consolidar el Sistema Electoral. Están faltando reformas que regulen las precampañas electorales, reduzcan los gastos de campaña y de los partidos que son demasiado cuantiosos para una economía como la mexicana, en la que hay grandes necesidades sociales que deben atenderse. Hay que revisar y tratar de unificar el calendario electoral, de tal modo que no estemos teniendo procesos electorales todos los meses del año.
4. Fortalecer al Poder Legislativo, para que trabaje en una forma más ágil y profesional. También para que tenga una mayor capacidad de investigación de lo que se hace con los recursos públicos.
5. Fortalecer al Poder Judicial, para que realice una administración de justicia en forma eficaz, elimine el rezago y actualice el juicio de amparo. El Poder Judicial debe intervenir de manera más ágil en la protección de los Derechos Humanos.
6. Fortalecer al Poder Ejecutivo, para que cumpla eficazmente con las enormes responsabilidades que le asigna la Constitución y las leyes federales. Habría que diseñan fórmulas que atendiendo a nuestra idiosincrasia, nos permitieran identificar al gobierno y al Estado, a fin de que sea el gobierno el que lleve a cabo los grandes acuerdos con las distintas fuerzas políticas, que permitan la gobernabilidad. Se trataría de acuerdos no para alcanzar posiciones, sino para formar gobierno y gobernar, estableciéndose compromisos en función de las necesidades del país.
7. Propiciar la colaboración de poderes. Hasta ahora se ha favorecido la división de poderes y su confrontación. Es indispensable propiciar la colaboración de poderes, también en función de objetivos nacionales. Por ejemplo, reglas mejores para procesar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y su reconducción si no es aprobado a tiempo por el Legislativo.
8. Transformar al Sistema Federal, para que los tres órdenes de gobierno realicen adecuadamente sus funciones, los estados y municipios amplíen sus fuentes de ingresos y asuman más ampliamente sus responsabilidades.